Italia subasta islas y palacios.

El Gobierno de Renzi hace inventario del patrimonio inmobiliario para acelerar el plan privatizador, recaudar fondos y reducir la deuda pública.

El Estado italiano es como un viejo marqués, dueño de cientos de palacios, al que su mala cabeza lo obliga a vivir en un piso de alquiler y con dinero prestado. Sin contar su infinito patrimonio arquitectónico, Italia posee bienes inmuebles por un valor superior a los 281.000 millones de euros —cinco veces la fortuna de Bill Gates— y, sin embargo, gasta mil millones anuales en el alquiler de sedes y oficinas oficiales. El nuevo Gobierno de Matteo Renzi, dispuesto a impulsar el plan de privatizaciones que ya anunció Enrico Letta, pretende también enajenar una buena parte del patrimonio inmobiliario, desde una hermosa isla abandonada en la laguna de Venecia. El objetivo es destinar esos fondos a reducir su deuda pública, que asciende al 130% del PIB. Pero antes, como el viejo marqués desmemoriado, tendrá que recordar cuántos palacios tiene y dónde ha puesto las llaves.

Porque, aunque parezca increíble, el Estado italiano desconoce la magnitud del patrimonio que posee en realidad. Es más, la estimación de los 281.000 millones de euros corresponde a un informe reciente elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero según algunos organismos privados esa cifra podría ascender hasta los 400.000 millones, esto es, casi un 25% del PIB. Desde antes de que Matteo Renzi y su frenética carrera por cambiar Italia llegaran al poder, los Gobiernos de Mario Monti y Enrico Letta, también urgidos por Europa a sacar dinero de debajo de las piedras, ya intentaron meterle el diente al asunto. De hecho, en la memoria del Tesoro publicada recientemente se deja constancia de que “la gestión eficaz del patrimonio público puede desarrollar un papel importante para la contención del déficit y la reducción de la deuda pública”. De ahí que desde el Gobierno se encargara una fotografía del inmenso patrimonio inmobiliario.

 Lo más grave del asunto —o lo que cuadra el círculo— es que una situación así conduce a presuponer, sin emplear demasiadas dosis de malicia, que tal desvarío no está solo provocado por la desidia o la ya mítica inoperatividad de la burocracia italiana. Ahí está para demostrarlo un caso que ha levantado cierta polémica en los últimos meses: la Cámara de Diputados ha firmado un nuevo contrato con el empresario Sergio Scarpellini, considerado el rey del ladrillo en Roma, para alquilar por nueve años, renovables por otros nueve, algunos edificios en el centro de la ciudad por un valor total de más de 20 millones al año. Las sospechas de que hay gato encerrado ha venido a confirmarlas —Italia es así, a veces tan misteriosa y otras tan transparente— el propio Scarpellini, que a sus 76 años y con una fortuna incalculable, es el casero de La Casta y no necesita esconderse. En un par de entrevistas concedidas el pasado mes de diciembre, el empresario inmobiliario admitía: “Con todo el dinero que me ha pagado el Parlamento por los alquileres, más de 369 millones de euros, podían haberse comprado un par de palacios, pero prefieren seguir pagando la renta”. El posible misterio también lo desvela el rey del ladrillo: “Durante las campañas electorales vienen a la oficina blancos, rojos y verdes y yo una ayuda siempre les doy, a todos [se habla de 650.000 euros en la última década]. En Roma se hacen las cosas así”.

Y fue en estas que llegó Renzi. El alcalde de Italia conoce, porque lo practicó en Florencia, cuánto beneficio —y no solo económico— se puede sacar de los viejos cuarteles vacíos y abandonados.

Se trata de un incentivo al consumo y de un reconocimiento al sector que peor lo está pasando con la crisis, pero también de una desesperada huida hacia delante. Vendiendo palacios vacíos, islas abandonadas, coches oficiales de lujo y hasta empresas que la administración no es capaz de gestionar, Renzi quiere sobre todo evitar que la separación creciente entre la política italiana y los ciudadanos.

Pablo OrdazCorresponsal en Italia.

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